Por: Al Kalor de un Tinto.
Mas de 40 casos, debidamente documentados, dieron cuenta de la responsabilidad del Estado Colombiano de promover una continuada práctica Genocida contra comunidades indigenas, negras, campesinas, estudiantes organizados, sindicatos, partidos, movimientos sociales, académicos y hasta la construcción misma de conocimiento. Se trata de un constante reordenamiento violento de los territorios, operado por élites políticas, económicas (legales e ilegales) y militares para imponer intereses económicos y perpetuarse en el poder.
