Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
Antes de la invasión, predominaban la abundancia y la reciprocidad. La colonización impuso propiedad privada, mercantilización y explotación, expulsando pueblos de sus territorios. Hoy, sus herencias jurídicas aún reproducen la condición colonial bajo las llamadas soberanías nacionales.
Una investigación de CasaMacondo revela conexiones patrimoniales que reabren el debate sobre la relación entre criminalidad, empresa y Estado. Más que un escándalo, plantea preguntas sobre captura del poder, verdad, justicia y democracia.
La expansión militar de Estados Unidos en América Latina responde a la profundización de la disputa geopolítica por el control de territorios, recursos estratégicos y soberanías, facilitada por gobiernos subordinados a intereses externos. Mientras se invoca la seguridad como justificación, se consolida una arquitectura de dominación cuyos costos recaen sobre los pueblos. ¿Quiénes terminan poniendo los muertos, los territorios y el futuro de Nuestra América?
La ciencia advirtió durante décadas que el colapso climático podía evitarse. Sin embargo, las grandes potencias eligieron financiar la guerra, expandir el extractivismo y desacreditar la investigación antes que proteger la vida. La catástrofe ya no es una amenaza futura, es la consecuencia política de un modelo civilizatorio que decidió ignorar sus propios límites.
Las sociedades no siempre persiguen a quienes mienten. Con frecuencia persiguen primero a quienes dicen una verdad antes de que esa verdad resulte tolerable.
El gobierno que asoma anuncia una agenda contraria a derechos, con muy alto riesgo de retroceso en los contenidos materiales y simbólicos del derecho a la educación.