La advertencia ya es bastante clara. Durante décadas, la ciencia climática ha documentado que el modelo económico sustentado en combustibles fósiles, deforestación, extractivismo y crecimiento ilimitado está alterando las condiciones que hacen posible la vida. Gobiernos y corporaciones conocían los riesgos, negociaron compromisos y anunciaron transiciones, pero las emisiones continuaron aumentando.
La alerta de la Defensoría sobre 293 casos vinculados a la guerra Rusia-Ucrania revela una transformación mayor: el mercenarismo se articula con empresas, tecnología, inteligencia y finanzas, mientras América Latina se incorpora a un mercado global de seguridad y guerra.
Mientras Manrique (Medellín) enfrenta desalojos bajo un fuerte despliegue policial, Medellín proyecta turismo, grandes eventos y millonarias inversiones. La pregunta persiste: ¿transformación urbana para la vida o para quienes pueden rentabilizarla?
La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
Mediante tutela presentada por familias de Brisas del Jardín y San José de la Cima II un juzgado de Medellín, ordena suspender desalojos, evacuaciones y demoliciones mientras se protegen sus derechos.
La disputa por la ciudad también se libra en calles, plazas, parques y estaciones, donde miles de personas trabajan cotidianamente. En Medellín, el espacio público se tensiona entre su función social, el derecho al trabajo y su creciente aprovechamiento económico para turismo, grandes eventos y negocios privados.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?