(Memorias) Segundo Encuentro Internacional de Paz Urbana. 12 de noviembre, 2025. Medellín.

(Memorias) Segundo Encuentro Internacional de Paz Urbana

Institución Universitaria ITM

12 de noviembre, 2025 Medellín

ISSN: 2248-4361

 Introducción

El II Encuentro Internacional de Paz Urbana: Resolución, Reconciliación y Regeneración, realizado el 12 de noviembre de 2025 en el Aula Magna del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), sede Robledo, en Medellín, constituyó un espacio de encuentro, reflexión crítica y diálogo entre la academia, las organizaciones sociales, los liderazgos comunitarios y diversos actores comprometidos con la construcción de paz. Impulsado por la Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ), con el apoyo del ITM, el comité organizador Gettin Up, el grupo de investigación y editorial Kavilando y otras organizaciones sociales y comunitarias, el encuentro convocó experiencias y perspectivas locales, nacionales e internacionales para examinar los desafíos de la paz urbana en Colombia y América Latina.

Medellín representa un territorio fundamental para comprender las contradicciones de la paz urbana. Su historia está atravesada por profundas desigualdades, exclusiones y múltiples expresiones de violencia, pero también por procesos de resistencia popular, organización comunitaria, construcción de memoria y defensa de la vida. En este escenario, la persistencia de estructuras criminales, la transformación de las dinámicas de control territorial y las dificultades para consolidar respuestas institucionales integrales plantean interrogantes sobre los alcances y límites de las políticas de seguridad, las negociaciones con actores armados y las iniciativas de construcción de paz.

Pensar la paz urbana exige ir más allá del silenciamiento de las armas, la reducción de indicadores de violencia o los acuerdos entre actores de poder. Supone reconocer las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que reproducen los conflictos; comprender las relaciones entre criminalidad, desigualdad y control territorial; y fortalecer las capacidades de las comunidades para participar en las decisiones que afectan sus vidas. La paz no puede reducirse a una estrategia de seguridad ni a una intervención institucional aislada: requiere transformar las condiciones que vulneran derechos, fragmentan el tejido social y restringen las posibilidades de una vida digna.

Desde esta perspectiva, el encuentro se estructuró en torno a tres dimensiones complementarias: Resolución, Reconciliación y Regeneración. La primera abordó los desafíos jurídicos, políticos y sociales relacionados con la negociación, el tratamiento de las economías ilegales, la política de drogas y las respuestas frente a las estructuras multicrimen. La segunda situó en el centro la memoria, el reconocimiento del daño, la reconciliación, las juventudes y la reconstrucción de los vínculos comunitarios. La tercera propuso reflexionar sobre las transformaciones necesarias en los territorios urbanos, considerando la educación popular, la justicia ambiental, la regeneración del hábitat y la construcción de ciudades más justas y democráticas.

Estos tres ejes no constituyen dimensiones separadas. La resolución de los conflictos pierde alcance cuando no se transforman las condiciones que los reproducen; la reconciliación resulta insuficiente si no reconoce las memorias, los daños y las responsabilidades; y la regeneración territorial difícilmente puede consolidarse sin participación popular, justicia social y garantías efectivas de derechos. Su articulación permite comprender la paz urbana como un proceso histórico, colectivo y territorial, cuya sostenibilidad depende tanto de las responsabilidades estatales como de la capacidad organizativa de las comunidades.

Las discusiones reunieron a investigadores, docentes, representantes institucionales, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, iniciativas culturales y liderazgos comunitarios. Las ponencias y los paneles propiciaron el intercambio de perspectivas sobre la Paz Total, las negociaciones urbanas, las políticas de drogas, las expresiones contemporáneas de la violencia, las experiencias de reconciliación y las alternativas para transformar las relaciones entre sociedad, territorio y Estado. La diversidad de participantes permitió poner en diálogo conocimientos académicos, experiencias organizativas y aprendizajes construidos desde los territorios.

Esta compilación recoge y organiza las reflexiones, ponencias y discusiones desarrolladas durante la jornada. Más que un registro de las actividades realizadas, estas memorias buscan preservar los aportes del encuentro, facilitar su circulación y contribuir a nuevos procesos de investigación, formación y acción colectiva. Su valor reside en documentar debates abiertos, preguntas compartidas y propuestas que requieren continuidad, contrastación y desarrollo en los territorios.

En un país donde la firma de acuerdos y la formulación de políticas de paz conviven con la persistencia de violencias, exclusiones y disputas por el control territorial, recuperar estas voces constituye también un ejercicio de memoria y responsabilidad pública. La paz urbana no puede construirse al margen de quienes habitan las ciudades, resisten sus violencias y sostienen cotidianamente alternativas de vida digna. Requiere reconocerlos como sujetos políticos, interlocutores legítimos y protagonistas de las transformaciones necesarias.

Las presentes memorias se ofrecen, por tanto, como una contribución al debate público y académico sobre la paz urbana, pero también como una invitación a continuar construyéndola desde la articulación entre universidad, comunidades y organizaciones sociales. La resolución, la reconciliación y la regeneración adquieren sentido cuando dejan de ser únicamente categorías de análisis y se convierten en procesos colectivos capaces de ampliar la democracia, reparar los vínculos sociales, dignificar los territorios y fortalecer las condiciones para una paz transformadora y duradera.

1. Negociaciones con el crimen organizado y escenarios de futuro para la paz urbana: una mirada desde América Latina

               Por: Laura Bonilla. Fundación Pares. Colombia

Las negociaciones con estructuras del crimen organizado constituyen uno de los desafíos más complejos para la construcción de paz en América Latina. En contextos urbanos atravesados por desigualdades históricas, economías ilegales, segregación socioespacial y debilidad de las garantías estatales, estas organizaciones no solo participan en mercados ilícitos: en determinados territorios, también ejercen control sobre la vida cotidiana, regulan relaciones sociales, imponen normas, administran conflictos y condicionan las posibilidades de participación comunitaria.

Esta realidad plantea una pregunta central ¿hasta dónde pueden contribuir las negociaciones con estructuras criminales a la construcción de paz urbana y cuáles son sus límites cuando las condiciones estructurales que reproducen las violencias permanecen intactas?

La discusión exige superar tanto las respuestas exclusivamente coercitivas como las expectativas que depositan en el diálogo la capacidad de resolver, por sí solo, problemas históricos de exclusión y violencia. La negociación puede abrir oportunidades para reducir daños, proteger a la población y transformar determinadas dinámicas de confrontación, pero sus resultados dependen de las condiciones políticas, institucionales y sociales en las que se desarrolla, así como de la capacidad estatal y comunitaria para sostener las transformaciones alcanzadas.

El crimen organizado como fenómeno territorial. En distintas ciudades latinoamericanas, las estructuras criminales han desarrollado formas diferenciadas de inserción territorial. Su presencia puede estar asociada al control de mercados ilegales, la extorsión, el reclutamiento de jóvenes, la regulación violenta de la movilidad, la imposición de fronteras invisibles y la intervención en actividades económicas legales e ilegales.

Sin embargo, estas dinámicas no pueden comprenderse exclusivamente desde la existencia de organizaciones armadas. También es necesario examinar las condiciones que favorecen su expansión: precariedad laboral, desigualdad, ausencia o insuficiencia de servicios públicos, estigmatización de determinados barrios, corrupción y relaciones de connivencia entre actores legales e ilegales.

En algunos territorios, las estructuras criminales ocupan espacios que las instituciones públicas no han garantizado plenamente o se articulan con redes económicas y políticas que amplían su capacidad de influencia. Esto no significa que sustituyan integralmente al Estado ni que toda presencia institucional sea inexistente. Expresa, más bien, una disputa desigual por la regulación de la vida social y el control territorial.

Por ello, la paz urbana requiere comprender las violencias en su dimensión relacional. Las respuestas centradas únicamente en capturas, operaciones policiales o desarticulación de mandos pueden modificar temporalmente el equilibrio entre organizaciones, sin eliminar las condiciones que permiten la recomposición de las redes criminales.

Negociar: posibilidades, límites y dilemas. El diálogo con organizaciones criminales plantea diferencias sustanciales respecto de las negociaciones con insurgencias político-militares. No todas las organizaciones armadas tienen los mismos objetivos, estructuras, formas de legitimidad ni relación con el Estado. Tampoco pueden equipararse automáticamente sus responsabilidades, motivaciones o marcos jurídicos.

En consecuencia, cualquier proceso de acercamiento requiere una caracterización rigurosa de los actores, sus intereses, sus capacidades de control y sus relaciones con las comunidades. La denominación de una estructura como criminal, política o armada no resuelve por sí misma los interrogantes sobre el tratamiento jurídico aplicable, las obligaciones estatales ni los mecanismos de sometimiento, negociación o justicia.

Uno de los principales dilemas consiste en determinar qué se negocia y qué transformaciones concretas se espera alcanzar. Una reducción de homicidios puede representar un beneficio inmediato para la población, pero no demuestra por sí misma el desmantelamiento de las economías ilegales, la desaparición de la extorsión, la recuperación de las libertades comunitarias o la pérdida de capacidad de intimidación de las organizaciones.

Por tanto, es necesario diferenciar entre desescalamiento de la violencia, acuerdos de no agresión, sometimiento a la justicia, desarticulación de estructuras criminales y construcción de paz territorial. Aunque estos procesos pueden relacionarse, no son equivalentes ni producen necesariamente los mismos resultados.

Una política de negociación requiere objetivos verificables, reglas claras, garantías para las comunidades, mecanismos independientes de seguimiento y responsabilidades institucionales definidas. También debe impedir que el diálogo se convierta en una vía para legitimar poderes coercitivos, consolidar rentas ilegales o negociar sobre los territorios sin la participación de quienes los habitan.

América Latina: experiencias diversas, desafíos compartidos. La experiencia latinoamericana muestra que las relaciones entre Estado, organizaciones criminales y comunidades urbanas adoptan configuraciones diferentes. Las respuestas institucionales oscilan entre estrategias de confrontación, políticas de prevención, programas de reintegración, mecanismos de diálogo y modelos de sometimiento judicial.

Estas experiencias no deben trasladarse mecánicamente de un país a otro. Las diferencias entre las estructuras criminales, los sistemas judiciales, las capacidades estatales y las trayectorias políticas condicionan los resultados de cada estrategia.

No obstante, pueden identificarse preguntas comunes: ¿es posible reducir la violencia sin fortalecer el control territorial de las organizaciones? ¿Qué ocurre cuando los acuerdos dependen de liderazgos individuales que pierden capacidad de mando? ¿Cómo evitar que la fragmentación de una estructura produzca nuevas disputas? ¿Qué garantías tienen las comunidades para denunciar, organizarse y participar sin sufrir represalias?

Estas preguntas resultan especialmente relevantes en ciudades donde las organizaciones criminales mantienen capacidad de adaptación, sustituyen rápidamente a sus integrantes y articulan actividades ilegales con circuitos económicos más amplios.

En este escenario, la evaluación de las políticas de paz no puede limitarse a los resultados inmediatos ni a las declaraciones de los actores involucrados. Requiere información contrastable, indicadores territoriales, seguimiento de las condiciones de vida y análisis de las transformaciones en las relaciones de poder.

Medellín y los desafíos de la paz urbana. Medellín constituye un escenario significativo para esta discusión. Las transformaciones urbanas, los procesos comunitarios y las intervenciones institucionales conviven con persistentes desigualdades y con estructuras criminales que, en determinados sectores, conservan capacidad de intimidación, regulación social y control de economías ilegales.

El desafío consiste en evitar que la reducción de ciertos indicadores de violencia sea interpretada automáticamente como una transformación estructural del conflicto urbano. La seguridad de las comunidades debe evaluarse también por sus posibilidades efectivas de ejercer derechos, habitar el territorio sin amenazas, desarrollar actividades económicas sin extorsión y participar libremente en la vida pública.

Desde esta perspectiva, cualquier iniciativa de diálogo o negociación necesita incorporar a las comunidades como sujetos políticos y no únicamente como beneficiarias de decisiones institucionales. Las organizaciones sociales, las juventudes, los colectivos culturales, las universidades y los procesos barriales pueden aportar conocimiento territorial, mecanismos de prevención y formas de reconstrucción de la confianza.

Esto no implica trasladarles responsabilidades que corresponden al Estado ni exponerlas a interlocuciones para las cuales no cuentan con garantías. Su participación debe estar protegida y acompañada de medidas concretas frente a las amenazas, la estigmatización y las represalias.

La paz urbana exige, además, una presencia estatal integral. La acción judicial y las políticas de seguridad son necesarias, pero deben articularse con inversión social, educación, oportunidades laborales, atención a las víctimas, fortalecimiento de la participación democrática y recuperación de espacios comunitarios. Sin estas condiciones, los acuerdos pueden reducir temporalmente determinadas expresiones de violencia mientras persisten las relaciones que permiten su reproducción.

Escenarios de futuro: entre la contención y la transformación. Los escenarios de futuro para la paz urbana pueden organizarse en tres posibilidades analíticas, entendidas como tendencias y no como predicciones inevitables.

Primer escenario: estabilización precaria. Se alcanzan reducciones temporales de determinadas violencias mediante acuerdos entre actores armados o intervenciones institucionales. Sin embargo, persisten las economías ilegales, las formas de coerción y las condiciones de exclusión. La aparente estabilidad depende de equilibrios frágiles y puede deteriorarse ante cambios en los liderazgos o disputas territoriales.

Segundo escenario: reconfiguración del control criminal. Las negociaciones o las operaciones de seguridad alteran las relaciones de fuerza, pero no desmantelan las redes económicas ni las capacidades de regulación ilegal. La fragmentación de las organizaciones, la aparición de nuevos actores o el desplazamiento de las violencias hacia otros sectores pueden limitar los resultados alcanzados. En este escenario, la disminución de ciertos indicadores no necesariamente se traduce en mayores libertades para la población.

Tercer escenario, transformación territorial con garantías democráticas. Los procesos de diálogo, sometimiento o desarticulación criminal se articulan con justicia efectiva, protección de las comunidades, prevención de las violencias, oportunidades para las juventudes y fortalecimiento de la organización social. La institucionalidad recupera legitimidad mediante la garantía de derechos, mientras las comunidades amplían su capacidad de decisión y control democrático sobre los asuntos públicos.

Este último escenario requiere mayor continuidad política, recursos suficientes, coordinación institucional y mecanismos de evaluación pública. También exige reconocer que la construcción de paz no se agota en la relación entre el Estado y las organizaciones armadas: involucra las condiciones materiales de existencia, las relaciones de poder y la posibilidad de construir alternativas de vida en los territorios.

Consideraciones finales. El futuro de la paz urbana en América Latina dependerá, en buena medida, de la capacidad para distinguir entre la administración temporal de las violencias y la transformación de las condiciones que las reproducen. Las negociaciones con estructuras del crimen organizado pueden abrir oportunidades para proteger vidas y reducir confrontaciones, pero no constituyen por sí mismas una solución integral.

Su alcance debe medirse por las transformaciones verificables que producen en la seguridad cotidiana, las libertades comunitarias, el desmantelamiento de las economías ilegales y la garantía de derechos. De igual manera, deben evaluarse sus efectos no previstos, incluidos los riesgos de fragmentación criminal, desplazamiento de las violencias y consolidación de poderes territoriales coercitivos.

La pregunta fundamental no es únicamente cómo negociar con las organizaciones que ejercen violencia, sino cómo construir condiciones para que ninguna estructura armada o red criminal pueda imponer su voluntad sobre la población. Esto requiere instituciones sometidas al control democrático, justicia efectiva, políticas sociales sostenidas y comunidades con garantías reales para participar en la definición de su futuro.

Pensar la paz urbana desde América Latina supone, finalmente, reconocer que la seguridad y la democracia no pueden construirse contra los territorios ni al margen de sus habitantes. La sostenibilidad de cualquier acuerdo dependerá de que la reducción de la violencia se traduzca en mayor dignidad, libertad y capacidad colectiva para decidir sobre la vida urbana.

2. El proceso civilizatorio de la violencia urbana en Medellín.“

            Por: Gustavo Duncan, Universidad EAFIT. Colombia

La transformación de la violencia urbana en Medellín no puede entenderse únicamente como una disminución de homicidios o una mayor capacidad institucional de control. También exige examinar cómo las organizaciones criminales han construido mecanismos de regulación de la violencia, delimitación territorial y mediación de disputas, configurando formas de gobernanza criminal que inciden en la vida cotidiana de las comunidades. Gustavo Duncan ha estudiado estas dinámicas y las relaciones entre poder armado, Estado y control territorial.

Desde esta perspectiva, el desafío de la paz urbana consiste en distinguir entre la pacificación de la violencia y la transformación de las condiciones que permiten su reproducción.

Una ciudad puede experimentar menos confrontaciones abiertas mientras persisten la coerción, la extorsión y las restricciones a las libertades comunitarias.

Por ello, analizar este proceso requiere preguntar quién establece las reglas, quién ejerce el poder territorial y qué papel desempeña el Estado en la consolidación o transformación de esos órdenes.

La discusión resulta fundamental para evaluar las negociaciones con estructuras criminales y sus posibilidades de contribuir a una paz urbana con garantías democrática

Leer: https://www.universocentro.com/NUMERO101/El-crimen-mas-organizado-del-mundo.aspx?utm_source=chatgpt.com

3. Balance del proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá desde la mirada de la sociedad civil.

            Isabel Sepúlveda Arango - Comité de Impulso de la Sociedad Civil para la Paz Urbana, Representante a la Cámara, Colombia.

La participación de la sociedad civil constituye una dimensión central de la construcción de paz urbana: permite que las comunidades, las organizaciones sociales, la academia y las víctimas incidan en un proceso que no puede limitarse a las conversaciones entre el Gobierno y las estructuras armadas. En Medellín y el Valle de Aburrá, esta perspectiva se ha expresado en la organización de espacios ciudadanos y en la formulación de una hoja de ruta para construir una agenda social de paz, con énfasis en la protección de la vida, la reparación de las víctimas, la transformación de las economías ilegales y la intervención integral de los territorios.

El balance desde la sociedad civil debe considerar tanto los avances en la participación como las dificultades para convertirla en incidencia efectiva. Entre los desafíos están garantizar que las propuestas ciudadanas influyan en las decisiones, fortalecer el seguimiento de los compromisos y situar en el centro los derechos de las víctimas, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. La sostenibilidad de la paz urbana dependerá no solo de la reducción de homicidios, sino también de la recuperación de las libertades comunitarias y de la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus territorios.

Consejería Comisionada de Paz · Documento oficial. Expone los mecanismos de participación, la construcción de una agenda social y los ejes de trabajo acordados para Medellín y el Valle de Aburrá. Es la referencia más directa para reconstruir esta perspectiva. Leer el documento

Informe La paz como vamos. Vivamos Humanos · Informe de seguimiento, Incluye un balance del proceso de paz urbana y señala desafíos relacionados con el monitoreo de los compromisos, la ruta jurídica y la participación de la comunidad. Consultar el informe en PDF

4. "Negociar con el crimen organizado: Experiencias durante la Paz Total.“

              Paula Andrea Tobo Caviedes – Fundación Ideas para la Paz (FIP). Colombia.

En el marco de las discusiones sobre la seguridad y el conflicto en el país, la investigadora Paula Andrea Tobo Caviedes abordó los retos de dialogar y someter a la justicia a estructuras del crimen organizado de alto impacto. Desde la experiencia acumulada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), su análisis se centró en evaluar la implementación de la política de Paz Total, evidenciando las tensiones entre los incentivos jurídicos, la capacidad operativa del Estado y las lógicas económicas del crimen urbano y multicrimen. La intervención enfatizó en la necesidad de contar con marcos regulatorios claros y mecanismos institucionales sólidos para evitar la reconfiguración o mutación de la violencia en los territorios.

Para quienes estén interesados en profundizar en las investigaciones, documentos de análisis e informes desarrollados por Paula Andrea Tobo Caviedes y el equipo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la Paz Total y el abordaje del crimen organizado, pueden consultar sus publicaciones en el portal oficial de la institución:

Sitio oficial e informes de la FIP:https://ideaspaz.org/

Sección de publicaciones sobre Paz Urbana y Negociaciones:https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2024-06/el-letargo-de-la-paz-urbana-y-la-fragilidad-de-las-treguas

5. Ciclos de violencia en la ciudad de Medellín, antecedentes para pensar las dinámicas de una paz urbana.

            Yani Vallejo Duque. Investigador Kavilando – Redipaz. Colombia.

Medellín ha experimentado profundas transformaciones de la violencia armada desde la década de 1980. Sin embargo, la caída de grandes estructuras criminales, las desmovilizaciones y los cambios en las políticas de seguridad no han significado el fin del control territorial ni de las violencias cotidianas. En buena medida, estas dinámicas se han reconfigurado.

De los carteles a las redes de control barrial. En los años ochenta, la consolidación del Cartel de Medellín transformó la economía, las relaciones sociales y las formas de violencia urbana. Tras su desarticulación, el control armado se fragmentó y dio paso a nuevas disputas entre milicias, estructuras paramilitares y organizaciones locales.

Los procesos de desmovilización, incluido el del Bloque Cacique Nutibara, tampoco eliminaron las redes de poder territorial. Muchas dinámicas criminales se reorganizaron alrededor de combos y bandas que ejercen controles sobre la vida cotidiana, las economías legales e ilegales y el uso de los espacios barriales. La violencia, por tanto, no puede entenderse únicamente como una sucesión de actores armados: exige examinar las relaciones sociales, políticas y económicas que han permitido su persistencia y transformación.

La paradoja del control policial. El análisis de Yani Vallejo también pone el foco en la distancia entre las garantías legales y las prácticas cotidianas de control. En Colombia, las normas y decisiones judiciales sobre la dosis personal han transitado entre enfoques prohibicionistas y posiciones garantistas. No obstante, consumidores de sustancias psicoactivas continúan expuestos a estigmatización, decomisos, expulsiones del espacio público y detenciones de corta duración.

Estas prácticas afectan especialmente a jóvenes de sectores populares y personas en situación de calle. Sus cuerpos y formas de habitar la ciudad son tratados con frecuencia como problemas de seguridad, mientras la pobreza y la exclusión quedan relegadas del análisis. Así, el control policial puede terminar confundiendo vulnerabilidad social con peligrosidad y convirtiendo el espacio público en un escenario de persecución selectiva.

Hacia una paz urbana que transforme las causas. Medellín pasó de ser el centro de una poderosa estructura del narcotráfico a un territorio donde coexisten redes criminales, economías ilegales, consumo interno y múltiples formas de regulación informal de la vida barrial. En este contexto, la paz urbana no puede reducirse a capturas, operativos o desmovilizaciones formales.

Se requiere comprender la relación entre exclusión, desigualdad, economías ilegales y persistencia de estructuras armadas; revisar las políticas punitivas que criminalizan la pobreza y el consumo; y garantizar derechos, oportunidades y participación para las comunidades. El desafío es superar una política de seguridad que persigue los síntomas sin transformar las cond

Leer: https://ojs.kavilando.org/index.php/kavilando/article/view/473/427

6. Apuntes sobre la Reforma a la Política de Drogas y la Construcción de Paz

            Javier Sagredo. España

En el debate contemporáneo sobre la resolución de conflictos y la seguridad en América Latina, el análisis de Javier Sagredo sitúa la reforma de las políticas de drogas no como un asunto meramente regulatorio o de salud pública, sino como una condición estructural e imprescindible para la consecución de la paz real.

Desde la perspectiva desarrollada por el investigador, el enfoque prohibicionista y punitivo tradicional ha demostrado una incapacidad sistémica para desarticular las economías ilegales; por el contrario, ha estimulado la rentabilidad del narcotráfico, ha catalizado la expansión del crimen organizado y ha agravado la violencia en los entornos urbanos y rurales.

En el marco de los diálogos de paz urbana, Sagredo plantea que resulta inviable pretender una resolución duradera del conflicto armando o la pacificación de las ciudades sin abordar críticamente el régimen internacional de control de drogas.

La reforma de estas políticas representa la piedra angular para restar poder financiero y operativo a las estructuras multicrimen, permitiendo que la acción del Estado transite de la represión militarizada hacia la garantía de derechos, el desarrollo territorial y la justicia social.

Se plantea una pregunta central para la construcción de paz y la seguridad ciudadana: ¿Y si una parte sustancial de la violencia y la inseguridad atribuidas al narcotráfico no fueran consecuencia directa de la sustancia o del consumo, sino del propio modelo diseñado para combatirlo?

Acá se cuestiona en profundidad la paradoja del prohibicionismo y la militarización. Argumenta que la "guerra contra las drogas" basada en la persecución punitiva y el encarcelamiento masivo no solo ha fallado en reducir la oferta o el mercado ilegal, sino que ha generado un efecto adverso: ha encarecido los márgenes de ganancia del crimen organizado, incentivado la disputa territorial sangrienta y desestabilizado las estructuras sociales y comunitarias en las ciudades y regiones rurales.

Se defiende que la reforma a la política de drogas debe transitar de un enfoque bélico e higienista hacia un modelo basado en los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la reducción de daños y la justicia social. De acuerdo con su postura, desarticular las violencias urbanas y alcanzar una paz real (como la abordada en escenarios como el II Encuentro Internacional de Paz Urbana) exige desmontar la lógica punitiva que promueve inseguridad y reemplazarla por garantías institucionales, salud pública y desarrollo equitativo.

Leer: https://lasdrogas.info/author/javier-sagredo/

7. La paz se construye desde abajo.

            Jenny Pearce. (London School of Economics / Universidad de Bradford)

La investigadora Jenny Pearce, vinculada a los estudios sobre violencia, poder y construcción de paz en América Latina, propone una lectura crítica de los enfoques tradicionales del conflicto. Su concepto de violencia crónica permite comprender que la violencia no se limita a enfrentamientos armados o episodios excepcionales: también se reproduce en la vida cotidiana, en las familias, las escuelas y los barrios, donde las desigualdades y las relaciones de poder condicionan las formas de vivir y relacionarse.

Desde esta perspectiva, la firma de acuerdos, la desmovilización de actores armados o la reducción de los homicidios no garantizan, por sí solas, una paz sostenible. Si permanecen la exclusión, las jerarquías sociales y las condiciones que transmiten la violencia entre generaciones, el conflicto puede transformarse sin desaparecer.

Pearce invita así a ampliar la mirada: reconocer las dimensiones visibles e invisibles de la violencia, sus expresiones políticas y delictivas, y su relación con la manera en que se configura el Estado y se organiza la vida social. Las políticas centradas exclusivamente en la represión pueden contener determinadas conductas, pero también reproducir coerción e injusticia cuando desconocen las causas estructurales de la violencia.

Frente a ello, la construcción de paz sostenible exige avanzar desde abajo, paso a paso, fortaleciendo las iniciativas comunitarias, la capacidad de acción de las juventudes y los colectivos populares. No se trata de sustituir las responsabilidades estatales, sino de reconocer que las comunidades son protagonistas de la transformación de sus territorios.

La paz, en consecuencia, no puede reducirse al silenciamiento de las armas ni a la administración institucional de la seguridad. Requiere transformar las relaciones de poder que normalizan la violencia, ampliar las condiciones para una vida digna y fortalecer las capacidades colectivas para resolver los conflictos sin reproducir la exclusión. Allí, en las prácticas cotidianas y en la organización comunitaria, comienza a construirse una paz capaz de sostenerse en el tiempo.

Leer: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/Libro%20La%20Violencia%20Cronica.pdf

8. Paz territorial Urbana. Retos e implicaciones.

           Andres Escobar Vasquez. Institución Universitaria ITM

           Alfonso Insuasty Rodríguez. Institución Universitaria ITM.

Medellín vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre la paz urbana en Colombia. Su trayectoria, marcada por procesos de desmovilización, reconfiguración de estructuras armadas y persistencia de controles territoriales, muestra que la reducción de la violencia no depende únicamente de acuerdos con actores armados: exige transformar las condiciones sociales, económicas y políticas que permiten su reproducción.

Los antecedentes se remontan a las desmovilizaciones de las Milicias Populares de Medellín en 1994, el Bloque Cacique Nutibara en 2003 y el Bloque Héroes de Granada en 2006. Estos procesos modificaron el escenario armado, pero no eliminaron las redes de poder y las economías ilegales que mantienen su influencia sobre distintos territorios.

Con la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, se reabrió el debate sobre la posibilidad de combinar negociaciones con grupos insurgentes y procesos de diálogo sociojurídico con estructuras criminales de alto impacto. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan obstáculos jurídicos, diferencias institucionales y dificultades para definir rutas claras de sometimiento a la justicia.

El desafío es comprender que la paz urbana no puede limitarse a negociar con quienes ejercen control armado. También debe reconocer a las comunidades que padecen sus consecuencias y garantizar su participación en las decisiones sobre el futuro de la ciudad. Las laderas, la ruralidad campesina, los moradores, los trabajadores de la economía informal, los propietarios y las personas habitantes de calle forman parte de una misma realidad urbana, aunque sus necesidades y posibilidades de incidencia sean profundamente desiguales.

Por ello, construir una paz territorial urbana requiere una agenda colectiva que articule seguridad humana, justicia social, participación y garantía de derechos. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deben contribuir a reducir las desigualdades y ampliar las capacidades de las comunidades para decidir sobre sus territorios.

La paz urbana no será sostenible si se limita a administrar las estructuras armadas sin transformar las relaciones de poder y exclusión que atraviesan la ciudad. Medellín necesita avanzar hacia una política de Estado que vincule los diálogos con cambios territoriales concretos y reconozca a sus habitantes como protagonistas de la construcción de paz.

Es relevante entonces, construir una mirada común de ciudad, de esas diversas ciudades que en realidad componen el distrito de Medellín, la ciu-dad de las laderas, la rural campesina, la ciudad de los tenedores, posee-dores y propietarios, la de la gran familia de la economía informal, la de los moradores e incluso la de los habitantes de calle. Esta mirada compartida debe derivar en una agenda colectiva que oriente los Planes de Desarrollo en sus diferentes niveles territoriales y aún más, los Planes de Ordena-miento Territorial (POT) promoviendo una red-ciudad más inclusiva y equi-tativa. Este proceso concreto, real, participativo, es a lo que deberíamos considerar, de manera cierta, el caminar hacia una Paz Territorial Urbana.

Leer: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-80312025000200433&script=sci_arttext

Leer: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-80312025000200433&script=sci_arttext

9. PAZ URBANA ¿DE QUIÉN? | Mafias, Política y Paraísos Fiscales: Lo que NO se dice en Medellín

             Alfonso Insuasty Rodríguez. Institución Universitaria ITM. Medellin – Colombia.

¿Se puede hablar de paz urbana sin tocar a las élites? En este fragmento del Segundo Encuentro Internacional sobre Paz Urbana, Alfonso lanza una reflexión incómoda pero necesaria, mientras los reflectores apuntan a los actores criminales de los barrios, las grandes mafias que articulan lo legal y lo ilegal siguen operando impunemente desde arriba.

Hablamos de políticos, empresarios y transnacionales que, a través de paraísos fiscales y el control del Estado, sostienen el mismo sistema que genera violencia.

El análisis es contundente: si no se transforma el modelo de ciudad y no se tocan las condiciones estructurales, los grupos de abajo seguirán reciclándose. El dinero de la mafia no se queda en la esquina; circula por bancos, se lava en paraísos fiscales y es protegido por potencias como Estados Unidos.

¿Por qué Ecuador sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales cuando Noboa llegó al poder? ¿Por qué Colombia no tiene leyes que limiten ese tránsito de dinero?

Y la universidad, ¿dónde está?, el modelo neoliberal ha atrapado a las universidades en una "tecno-burocracia" de estándares y mediciones, alejándolas de su función crítica. El llamado es claro: recuperar el pensamiento crítico para develar estas realidades y aportar a la transformación. Porque sin tocar arriba, la paz urbana será solo un eslogan.

Ver más: https://youtu.be/oKDHEuxOwGc

10. Colombia no es un país que haya superado la violencia; es un país que ha aprendido a convivir con ella y a ignorarla.

            Danilo Ruega. Ex Comisionado de Paz. Colombia.

En este fragmento del Encuentro, Danilo hace un recorrido histórico implacable: desde los pueblos originarios avasallados en la colonia, pasando por la violencia bipartidista, hasta el paramilitarismo reciclado y las nuevas expresiones armadas.

El análisis conecta el conflicto armado con la ausencia de reformas: ni reforma rural, ni reforma urbana. Hoy, el suelo es clave para el desarrollo inmobiliario y también para el control territorial de grupos armados.

Los jóvenes se vinculan al sicariato no solo por "cultura", sino como una forma de empleo en un modelo económico excluyente. La guerra no es un accidente; es un síntoma de asuntos estructurales no resueltos. Y el principal obstáculo para la paz, según Danilo, es la "ignorancia deliberada".

Un país que quiere vivir como el avestruz, que llama "ciudad de la innovación" a Medellín mientras hay fosas comunes y desaparecidos.

Romper el falso dilema entre seguridad y paz es urgente, pero sin un movimiento popular organizado que exija sus derechos, la paz nunca será real. La paz no se negocia solo con armas; se construye con memoria y organización.

Ver más: https://youtu.be/y1HI9Tb2_K0

11. PAZ URBANA ¿DE QUIÉN? | EXPROPIACIÓN en MEDELLÍN: La HISTORIA de LUIS, VÍCTIMA del METRO LIGERO de la 80

            Luis Bernal. Ingeniero, Movimiento por el derecho al campo y la ciudad. Medellin.

Esta no es una historia más. Es la historia de Luis Enrique Bernal Vera, una víctima del proyecto Metro Ligero de la 80 en Medellín.

Durante cuatro años, él y su familia han vivido un calvario de promesas incumplidas, ofertas de vivienda que no existen y, finalmente, la expropiación forzosa de su apartamento por un valor irrisorio. Luis relata cómo la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y el Metro lo hicieron perder el tiempo mostrándole viviendas de reposición que no estaban a su alcance: unas con valores hasta tres veces superiores al avalúo de su propiedad, otras en ruinas, otras de la mitad del tamaño.

Cuando finalmente, agotado, aceptó el valor que ofrecían (muy por debajo del precio real del mercado), la respuesta fue brutal: "le llega mañana la resolución de expropiación". Sin derecho a aceptar, sin derecho a negociar.

Hoy, a Luis y a muchos vecinos, les han notificado que su patrimonio vale solo 220 millones (frente a un valor real de 600 millones) y deben irse en días.

Las consecuencias: afectaciones en la salud, medicinas para dormir, una familia rota por el desgaste. Lo único que les queda es una demanda que durará años. Esta es la cara oculta del "desarrollo urbano".

Ver más: https://youtu.be/dpGhAmFqVe4

12. ¿Impunidad o Justicia? El Paramilitarismo que NO se Desmovilizó

             Leonardo Luna Alzate. Investigador. Colombia.

Analizamos una realidad incómoda: el paramilitarismo en Colombia no desapareció, se transformó. Junto a Leonardo Luna Alzate, autor del libro "Justicia para Colombia y impunidad: acumulación y poder", exploramos cómo las estructuras paramilitares siguen operando en más del 70% del territorio nacional, ahora con estrategias de infiltración política, control económico y naturalización del miedo.

A través de cuatro casos emblemáticos —Barrancabermeja, la desmovilización del EPL, Casanare y San José de Apartadó — revelamos cómo la impunidad supera el 90%, beneficiando a élites económicas, multinacionales y actores políticos que mantienen este proyecto de acumulación y poder

¿Es posible una justicia real en medio de una estructura judicial no reformada en 25 años? ¿Cómo resisten las comunidades? Este diálogo es un llamado urgente a la acción, la memoria y la transformación del sistema

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Conclusiones

1. Del control territorial a la guerra cognitiva: la disputa por la subjetividad. Las memorias permiten reconocer que la dominación contemporánea en América Latina no opera exclusivamente mediante la fuerza militar o la coerción física. También interviene en la producción de sentidos, el *sentir-pensar* colectivo y la configuración de la conciencia social. La concentración de las plataformas digitales y el control de las infraestructuras algorítmicas convierten la comunicación, la información y la disputa simbólica en dimensiones estratégicas del conflicto. En este escenario, la desinformación y las estrategias de guerra híbrida pueden erosionar la deliberación pública, fragmentar los vínculos comunitarios y debilitar la autonomía colectiva, incluso antes de que se expresen formas organizadas de resistencia.

2. Extractivismo, paramilitarismo y captura criminal del Estado. Los análisis evidencian convergencias entre economías extractivas, corredores del crimen organizado, estructuras paramilitares y proyectos minero-energéticos o de infraestructura. Estas relaciones exigen superar la idea de que las organizaciones criminales actúan siempre al margen de la institucionalidad: en determinados contextos pueden establecer alianzas, penetrar estructuras de poder y articularse con intereses económicos y políticos. La persistencia de discursos de «guerra contra las drogas» y de «mano dura» puede legitimar intervenciones coercitivas sobre territorios estratégicos, mientras las comunidades rurales, indígenas y urbanas enfrentan despojo, estigmatización y persecución. El desafío analítico consiste en identificar, con evidencia concreta, las relaciones entre actores armados, intereses empresariales y agentes estatales, sin reducirlas a una explicación única ni asumir que operan de manera idéntica en todos los territorios.

3. Paz Total, prohibicionismo y reproducción de las violencias. Las memorias plantean una tensión estructural entre los esfuerzos de negociación y sometimiento, por una parte, y las condiciones económicas, políticas y jurídicas que sostienen las economías ilegales, por otra. Los procesos de paz urbana difícilmente podrán ser sostenibles si se limitan a la desmovilización de actores sin abordar las rentas criminales, las desigualdades territoriales y las condiciones de exclusión que favorecen la recomposición de las estructuras armadas. En este marco, es necesario examinar críticamente el régimen prohibicionista de drogas y su relación con la rentabilidad del narcotráfico y la violencia. La negociación debe articularse con reformas institucionales, garantías de no repetición, mecanismos de reconciliación y procesos de reparación socioambiental. De lo contrario, los acuerdos corren el riesgo de modificar los actores sin transformar las condiciones que reproducen las violencias crónicas.

4. Pedagogía crítica y autonomía territorial: construir paz desde abajo. Frente a la militarización de la vida cotidiana, el control social y las disputas por la memoria histórica de las víctimas, la educación crítica y las organizaciones comunitarias constituyen espacios fundamentales para la defensa de la vida y la autonomía territorial. Las experiencias de neutralidad activa, las guardias étnicas y populares y las pedagogías emancipadoras muestran capacidades colectivas para proteger comunidades, preservar la memoria y construir formas propias de participación y resolución de conflictos. Estas iniciativas no eximen al Estado de sus obligaciones; interpelan su responsabilidad y cuestionan que la paz dependa exclusivamente de decisiones de las élites o de acuerdos institucionales. Su sostenibilidad requiere fortalecer la autogestión comunitaria, el cuidado de la Madre Tierra y la capacidad de los pueblos para decidir sobre sus territorios.

En conjunto, las memorias invitan a comprender la paz como una disputa multidimensional por el territorio, la subjetividad, los bienes comunes y las formas de organización de la vida colectiva. La transformación de las violencias exige intervenir tanto sobre sus expresiones armadas como sobre las relaciones de poder, las economías que las sostienen y los dispositivos que buscan legitimar la desigualdad. Frente a ello, la construcción de paz desde abajo requiere memoria histórica, pensamiento crítico, justicia social, autonomía territorial y garantías efectivas para la participación popular. No basta con contener la violencia: es necesario transformar las condiciones que la hacen posible y reproducible.

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